Por Juan Pablo Ojeda
La mañana de este miércoles 8 de enero, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ofreció una noticia alentadora para los habitantes de Monterrey y de todo el estado: descartó aumentar el impuesto predial en lo que queda del año. La decisión surge como una respuesta directa a la propuesta del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien había sugerido un aumento significativo en este impuesto.
El gobernador, militante de Movimiento Ciudadano (MC), se dirigió a la población a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que, además de anunciar la buena noticia, firmó un decreto que rechaza la iniciativa del edil regiomontano. “Monterrey, tengo una noticia muy importante que darles sobre el tema del aumento del impuesto predial”, escribió García Sepúlveda en sus plataformas, donde explicó las razones de su rechazo.
En el video de casi cuatro minutos, el mandatario estatal detalló que su administración había realizado un análisis sobre el aumento del impuesto predial y descubrió que, en general, la propuesta representaba un incremento del 30 por ciento. Sin embargo, lo que más le preocupó fue que en algunas zonas del municipio, los incrementos podían llegar hasta un 1,500 por ciento, lo que consideró “intolerable”, sobre todo para aquellas colonias con bajos recursos. Como ejemplo, mencionó la colonia Los Nogales, donde el predial pasó de 150 pesos el año pasado a 3,500 pesos en la propuesta de 2025, lo cual sería un duro golpe económico para sus habitantes.
“No puedo permitir como gobernador que suba al doble o triple el predial, y menos en un 2025 que se prevé complicado por el contexto federal y la situación con Trump en Estados Unidos”, aseveró García Sepúlveda. Ante esta situación, firmó el decreto que vetó la propuesta y adelantó que lo enviaría al Congreso local para que los diputados también lo rechacen. Este acto fue calificado por el gobernador como un intento por defender a los ciudadanos de lo que consideró una medida “injusta y excesiva”.
Mientras el mandatario estatal daba una buena noticia sobre el predial, en las calles de Monterrey surgían nuevas preocupaciones. Durante el día anterior, el 7 de enero, los habitantes de la ciudad protestaron por el incremento en el precio del transporte público. Las manifestaciones, que se dieron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, exigían que el gobernador detuviera lo que se denominó el “tarifazo”, que aumentaba las tarifas del transporte público de 10 a 15 pesos, dependiendo de la ruta.
Los manifestantes denunciaron que, además del aumento de tarifas, el tiempo de espera en las unidades era excesivo, lo que provocaba retrasos en los traslados y, en algunos casos, el desembolso de grandes cantidades de dinero por trayectos de menos de 15 minutos. En medio de estas tensiones, los habitantes exigieron no solo un freno al aumento de las tarifas, sino también la mejora en la calidad y cantidad de las unidades de transporte.
Este panorama refleja la presión que enfrenta Samuel García en su primer año al frente del gobierno de Nuevo León. Por un lado, se enfrenta a la crítica por el aumento al transporte público, y por otro, responde a los ciudadanos al evitar el alza en el impuesto predial, algo que, sin duda, le gana el apoyo de muchos regiomontanos, pero que también lo coloca en un choque directo con las propuestas de otros actores políticos como Adrián de la Garza.
El conflicto por el predial y el transporte público resalta la compleja dinámica política y social que enfrenta Nuevo León, un estado que sigue siendo clave en la economía y política mexicana. Samuel García se mantiene en el ojo del huracán, mientras navega entre las presiones de la ciudadanía, los intereses de su partido y las demandas de otros actores políticos en el estado.
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