CDMX a 29 de agosto, 2025.- En la Ciudad de México, la búsqueda de personas desaparecidas enfrenta un duro cuestionamiento: las instituciones carecen de la preparación necesaria para rastrear en campo. La evidencia más clara llegó en agosto, cuando la propia Comisión de Búsqueda capitalina pidió apoyo a colectivos de familias de desaparecidos para capacitar a Policías de Investigación (PDI) en técnicas de rastreo.
Durante las jornadas realizadas el 20 y 21 de agosto en la colonia Lindavista, integrantes de colectivos como Una luz en el camino compartieron con agentes de la Fiscalía capitalina sus conocimientos de campo: desde cómo identificar restos y señales en terrenos difíciles, hasta cómo organizar brigadas en zonas de alto riesgo, como la Sierra de Guadalupe, donde recientemente se realizaron búsquedas conjuntas entre CDMX y Edomex.
“Nosotras enseñamos lo que aprendimos en la desesperación”
Jaqueline Palmeros, integrante del colectivo, explicó que la capacitación fue mitad teórica y mitad práctica:
“Fue sensibilización y capacitación por parte de nosotras, pero ya es una manera de aceptar que no tienen los conocimientos necesarios como instituciones para salir a campo”.
Si bien reconoció que existen funcionarios comprometidos, también resaltó que la falta de formación es evidente y que la carga de transmitir estas técnicas no debería recaer en las familias.
Cifras alarmantes en CDMX y Edomex
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Ciudad de México se tienen registradas 6 mil 698 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que en el Estado de México la cifra asciende a 14 mil 398.
En este contexto, la colaboración de las madres buscadoras representa un avance en la sensibilización y apertura institucional, pero también una muestra de las deficiencias estructurales.
Debate abierto: ¿quién debe capacitar a quién?
Las opiniones entre las familias están divididas: algunos celebran que se les reconozca como parte esencial del proceso de búsqueda, mientras que otros consideran que es obligación de las instituciones contar con expertos y protocolos sólidos.
Además, las familias subrayan que no recibieron ninguna remuneración económica por estas capacitaciones, a diferencia de otros estados como Guanajuato, donde en 2024 se pagaron más de 20 mil pesos a un especialista externo para impartir talleres de búsqueda.
La pregunta que queda sobre la mesa es clara: ¿hasta cuándo las familias tendrán que seguir formando a quienes deberían garantizar justicia y verdad?
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