Las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, alias El Comandante H, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, han detonado una de las crisis políticas más delicadas para Morena desde su llegada al poder. Se le acusa de encabezar La Barredora, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en el sureste de México, y de haber dirigido una red de narcotráfico, tráfico de personas, robo de combustibles y ejecuciones extrajudiciales desde las entrañas de la seguridad estatal. Sin embargo, lo que más ha alarmado al panorama político es que Bermúdez fue designado por Adán Augusto López Hernández, actual senador y una de las figuras más cercanas al obradorismo.
Las señales de alarma no son nuevas. Informes militares y filtraciones de plataformas como Guacamaya Leaks ya advertían desde 2019 sobre vínculos sospechosos de Bermúdez con redes criminales infiltradas en cuerpos policiacos. No obstante, el entonces gobernador López Hernández lo mantuvo en el cargo hasta su salida en 2021, e incluso fue ratificado por la siguiente administración. Hoy, Bermúdez se encuentra prófugo y es buscado por la Interpol tras emitirse una orden de aprehensión en su contra.
Ante la oleada de cuestionamientos, Adán Augusto ha salido al paso negando cualquier conocimiento de los antecedentes criminales de su excolaborador. “Nunca tuve evidencia de actividades ilícitas”, declaró, insistiendo en su disposición a colaborar si la justicia lo requiere. Sin embargo, las explicaciones no han convencido a todos. La oposición, liderada por PAN y PRI, ya prepara denuncias penales bajo el argumento de que el senador permitió, por acción u omisión, la operación de un líder criminal dentro de su gabinete estatal.
Dentro de Morena, el caso ha generado fisuras visibles. En una reciente reunión del Consejo Nacional del partido, López recibió el respaldo de sus correligionarios entre gritos de “¡No estás solo!”, lo que provocó críticas desde sectores que exigen una respuesta ética más contundente. La presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante al declarar que “no se protegerá a nadie”, al tiempo que pidió a la Fiscalía actuar con total autonomía. También lanzó una advertencia contra los “linchamientos mediáticos” sin pruebas, en un intento por equilibrar la exigencia de justicia con la presunción de inocencia.
Sin embargo, las comparaciones con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad condenado por corrupción y nexos con el narco, ya están en el debate público. La analogía no sólo amplifica la gravedad del asunto, sino que coloca a Morena en el dilema de cómo responder cuando la sombra del crimen organizado se proyecta sobre uno de sus cuadros más representativos. Analistas y columnistas han señalado que el respaldo político sin reservas puede interpretarse como una degradación moral del movimiento.
Más allá de las figuras implicadas, lo que este episodio revela es una falla estructural: el crimen organizado ha logrado penetrar instituciones encargadas de combatirlo. La Barredora no operó en la clandestinidad absoluta; lo hizo desde dentro del aparato estatal, con presunta protección y complicidad institucional. Esto apunta a una debilidad en los mecanismos de control, supervisión y depuración dentro del gobierno local y, por extensión, a una responsabilidad política mayor.
Hasta ahora, no hay una investigación formal abierta contra Adán Augusto López. Pero la presión pública, el interés mediático y las acciones de la oposición podrían modificar pronto ese escenario. La pregunta que muchos se hacen es si la Cuarta Transformación está dispuesta a investigarse a sí misma con la misma fuerza con la que ha prometido transformar al país.
El caso La Barredora es más que un escándalo individual. Es una encrucijada que pondrá a prueba los principios de justicia, honestidad y transparencia que Morena ha prometido defender. Y en esa prueba, no bastará con declaraciones; se necesitarán decisiones firmes y coherentes para sostener la legitimidad del proyecto político en curso.
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