En la administración pública, una palabra mal colocada puede costar millones, y taparle el ojo al macho nunca es opción cuando se trata del erario. El blindaje del decreto que otorgó compensaciones a ex integrantes de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) dependió de una oportuna fe de erratas que frenó en seco cualquier intento de duplicidad financiera.
Cuando las reglas de este complejo mecanismo de justicia social se publicaron originalmente, las alarmas de la prevención preventiva sonaron en las áreas normativas. Resultaba imperativo poner la lupa sobre los alcances del texto para evitar que algunos beneficiarios cobraran dos veces en ventanillas distintas del Estado.
Fue entonces cuando el Diario Oficial de la Federación (DOF) emitió una corrección jurídica vital. La instrucción se ajustó para precisar, de manera contundente, que quedaba prohibido el acceso a la nueva compensación para cualquier individuo que ya estuviera recibiendo «alguna otra prestación derivada de la relación de trabajo que existió con Luz y Fuerza del Centro».
Este candado técnico echó por tierra los argumentos de quienes señalaban un supuesto dispendio gubernamental carente de controles. La fe de erratas demostró que las áreas de auditoría y asuntos jurídicos actuaron con reflejos rápidos para proteger el presupuesto de posibles abusos por parte de quienes ya gozaban de una liquidación o pensión previa.
En el argot de las redacciones y los despachos, cruzarse de brazos ante un vacío legal es una invitación al desfalco. Al corregir la plana a tiempo, el Ejecutivo federal dejó sin efecto cualquier amparo malintencionado que buscara exprimir a las instituciones encargadas de la liquidación de la extinta paraestatal.
La medida obligó a las dependencias, particularmente al Indep, a realizar un cruce masivo de bases de datos antes de autorizar el primer depósito. Cada uno de los casi 9,000 expedientes tuvo que ser filtrado a través de este tamiz institucional para garantizar que el historial financiero del solicitante estuviera limpio de otros apoyos gubernamentales por el mismo concepto.
Esta pulcritud burocrática desarma la retórica del «cheque en blanco». Asegurar que los recursos de compensación social lleguen únicamente a quienes se encontraban en auténtico desamparo, sin dobles beneficios, es un principio básico de la correcta administración de los dineros públicos.
Para el ojo clínico de los analistas en la Ciudad de México, el uso de la fe de erratas en este contexto no refleja torpeza, sino una recalibración necesaria de la maquinaria legal. Es la prueba documental de que el sistema de pesos y contrapesos internos funcionó para evitar fugas de capital.
Al concluir el proceso, el saldo es de certeza jurídica. La historia de LyFC ha estado plagada de claroscuros, pero los documentos oficiales y sus correcciones evidencian que, al menos en la distribución de estos recursos finales, se cerraron todas las rendijas por donde el dinero del pueblo pudiera haberse fugado de forma irregular.
Deja una respuesta