La violencia alcanzó nuevamente a los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre buscadora que indagaba el paradero de su hijo desaparecido desde 2025, fue localizada sin vida el 27 de febrero de 2026 en su domicilio del fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en Mazatlán. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que el cuerpo presentaba heridas producidas por arma punzocortante y abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades estatales, fueron integrantes de su colectivo quienes, al no obtener respuesta durante una jornada de búsqueda programada, forzaron el acceso a la vivienda y realizaron el hallazgo. El crimen ocurrió durante la visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum a la región, lo que intensificó la atención pública sobre el caso.
Rubí Patricia Gómez-Tagle buscaba a su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, desaparecido desde mayo de 2025. Formaba parte de colectivos de búsqueda integrados por familiares de víctimas, quienes desde hace años realizan rastreos independientes ante la falta de resultados en las investigaciones oficiales. Integrantes de agrupaciones como Corazones Unidos por una Misma Causa y Voces Unidas denunciaron que la activista había participado activamente en jornadas recientes en la zona sur de Sinaloa.
La Fiscalía estatal informó que personal pericial procesó la escena y que se realizan diligencias para esclarecer el móvil del crimen. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. La dependencia indicó que se seguirá el protocolo correspondiente en casos de homicidio y que no se descarta ninguna línea de investigación.
Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda reiteró en comunicados previos la importancia de garantizar medidas de protección para familiares de personas desaparecidas que participan en labores de búsqueda. Organizaciones civiles han advertido que las madres buscadoras enfrentan riesgos crecientes en contextos de violencia vinculada a disputas de grupos delictivos en distintas regiones del país.
Sinaloa se mantiene como una de las entidades con registros relevantes en materia de desapariciones, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Secretaría de Gobernación. Colectivos locales sostienen que, ante la insuficiencia institucional, han asumido tareas que corresponden al Estado, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad.
Diversos colectivos y defensores de derechos humanos exigieron a las autoridades estatales y federales una investigación pronta y exhaustiva, así como la implementación de medidas efectivas de protección. El caso reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad para quienes buscan a sus familiares desaparecidos y sobre la responsabilidad del Estado en la garantía de justicia y no repetición.
Deja una respuesta