El proceso de elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación en México está por comenzar. Desde el 30 de marzo hasta el 28 de mayo, los 3,422 aspirantes a ocupar 881 cargos judiciales —incluyendo jueces, magistrados y ministros— llevarán a cabo sus campañas electorales. Estas elecciones, programadas para el 1 de junio, serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Según una encuesta nacional de Electoralia, si las elecciones se realizaran hoy, la ministra Yasmín Esquivel Mossa lideraría las preferencias con un 27% de intención de voto. La reforma judicial de 2024 estableció que se elegirán nueve ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), distribuidos en cinco ministras y cuatro ministros.
Detrás de Esquivel Mossa, se encuentran Loretta Ortiz con un 25% y Lenia Batres con un 13% de intención de voto. Marisela Morales ocupa el cuarto lugar con un 11%. Sin embargo, una encuesta de La Crónica revela que Lenia Batres es percibida negativamente por el 26% de los encuestados, siendo la menos favorecida entre los aspirantes de Morena. A pesar de esto, cuenta con un 22% de opiniones positivas, la segunda más alta en ese grupo.
Es importante destacar que, a menos de una semana del inicio oficial de las campañas, el 56% de los ciudadanos desconoce la fecha de la elección judicial, prevista para el 1 de junio. Esta falta de información podría afectar la participación ciudadana en el proceso electoral.
El INE ha establecido reglas estrictas para las campañas, prohibiendo actos masivos, espectaculares y publicidad en medios, con el objetivo de evitar la contaminación visual y la influencia de partidos políticos. Los candidatos podrán participar en foros, conceder entrevistas y utilizar sus redes sociales. Además, no se permitirá el uso de recursos públicos o privados para las campañas, y la Iglesia católica ha ofrecido sus canales de comunicación para difundir propuestas enfocadas en derechos humanos.
La reforma judicial que permite la elección popular de jueces fue ratificada por la Suprema Corte en noviembre de 2024, a pesar de las críticas que argumentan que podría vulnerar la independencia judicial. Esta reforma implica que alrededor de 1,700 cargos judiciales federales serán sometidos a elección en dos comicios programados para 2025 y 2027.
A pesar de los desafíos logísticos y financieros que enfrenta el INE para organizar estas elecciones, el proceso avanza con el objetivo de fortalecer la democracia y la transparencia en la selección de los miembros del Poder Judicial. La ciudadanía jugará un papel crucial al elegir a quienes ocuparán estos importantes cargos en el sistema judicial del país.
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