En medio del debate legislativo sobre la regulación de los cigarrillos electrónicos, Morena impulsó una modificación clave a la Ley General de Salud que cambiaría de forma sustancial el trato legal hacia los consumidores de vapeadores en México. La propuesta, promovida por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, tiene como objetivo que las personas que consumen o poseen vapeadores no sean sancionadas, siempre y cuando no participen en actividades de comercialización, importación, exportación o cualquier otra operación con fines económicos.
La llamada “reserva” que Monreal presentará durante la discusión en lo particular del dictamen se perfila como la única que podría ser aprobada por la mayoría de diputados de la denominada Cuarta Transformación (4T). El cambio central consiste en sustituir la lógica de prohibición absoluta por una prohibición focalizada. Es decir, ya no se pretende castigar el consumo individual, sino cerrar la puerta a todo el mercado que gira alrededor de estos dispositivos.
De acuerdo con el planteamiento, sí se mantendrán sanciones para actividades como la preparación, producción, fabricación, mezclado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, venta y suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. El enfoque, según explicó Monreal, es atacar la estructura del negocio, no a los usuarios. Por ello ha insistido públicamente en que es “falso” que las personas que vapean vayan a ir a la cárcel por el simple hecho de consumir.
Uno de los puntos más relevantes de la reserva es la modificación al artículo 282 Quarter de la Ley General de Salud. En este artículo se propone prohibir en todo el territorio nacional la adquisición de estos dispositivos cuando tenga fines de comercialización, eliminando términos que podían generar interpretaciones más amplias, como el de “conservación”. Además, se añade de forma explícita que los equipos desechables o de un solo uso quedan incluidos dentro de las restricciones comerciales, pero se exceptúa expresamente su consumo y posesión cuando no exista intención de lucro, propaganda o publicidad.
Monreal ha subrayado que los dispositivos desechables representan el principal canal de acceso y proliferación de vapeadores entre menores de edad. En ese sentido, la estrategia busca ser más quirúrgica: impedir la disponibilidad masiva y el acceso fácil a través del mercado, sin criminalizar a quienes ya poseen o consumen estos productos en el ámbito personal. La intención, señaló, es dotar a la autoridad sanitaria de herramientas más proporcionales, claras y “defendibles” jurídicamente.
Otro ajuste relevante está en el artículo 282 Ter. En la redacción original se utilizaba la expresión “diferentes al tabaco”, que para Monreal generaba una ambigüedad peligrosa. El argumento es que los vapeadores no se definen por si contienen tabaco o no, sino por su funcionamiento: calientan y vaporizan soluciones químicas, con o sin nicotina. Mantener esa frase, advierte, podría haber permitido estrategias de reclasificación por parte de fabricantes y distribuidores para evadir la regulación.
Por ello, la reserva propone eliminar esas tres palabras y ampliar la definición legal de estos dispositivos. A partir del cambio, se entenderá por cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos a todo aparato mecánico, electrónico o de cualquier tecnología que permita calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, ya sean líquidas, en gel, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otras formulaciones sintéticas, con o sin nicotina.
En conjunto, la propuesta representa un giro importante: dejar de tratar a los consumidores como potenciales infractores y concentrar la fuerza de la ley en quienes fabrican, distribuyen y comercializan estos productos. Según Monreal, se trata de una fórmula que atiende la realidad del mercado, protege la salud pública —especialmente de niñas, niños y adolescentes— y al mismo tiempo evita vulnerar la libertad personal o crear vacíos legales que puedan ser explotados por la industria.
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